Eran las diez treinta de la mañana del 28 de junio de 1995. Un camión con miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se acerca al vado de Aguas Blancas, donde les aguarda la tragedia. “Un primer camión de color rojo... arriba al vado”, descienden de él pacíficamente sus ocupantes; “aparece (un) segundo camión de color azul”; cuando bajan de él los ocupantes, se oye un disparo seguido de otro; “esos dos disparos se traducen en un acontecimiento verdaderamente llamativo, que provoca
que los policías, con poderosas armas de fuego, compulsiva e indiscriminadamente empiecen a disparar, contra los ocupantes del segundo camión. El fuego es tan devastador que produce un número desorbitado de muertos y heridos.
“Todos los muertos y heridos eran pasajeros y fueron tocados por armas de fuego. Todos los testigos que entrevistamos están acordes en señalar que los policías actuaron compulsivamente, fría y prepotentemente por irritación, sin responder a esquemas medianamente lógicos, puesto que no consta que respondieran a un ataque con armas de fuego, contra ellos. El fotógrafo que filmó los hechos nos afirmó que dejó de hacerlo por sentirse verdaderamente enfermo y asqueado
“No hay justificación legal para la existencia de retenes que impiden el libre tránsito en caminos en donde transita lícitamente la población en transporte público. No había órdenes de aprehensión, para detener a alguna o algunas personas de entre los manifestantes, aún cuando el gobernador afirmara en medios televisivos lo contrario. No hay justificación para hacer descender al pasaje de un camión y registrarlo.
“Las altas autoridades del gobierno del estado de Guerrero, a fines del mes de junio de 1995, ante la palmaria gravedad del masacramiento de civiles desarmados y tan sólo a dos horas del suceso empezaron a crear una versión artificial de los hechos,
la cual se inició bajo el supuesto de que los miembros de la OCSS... atacaron al cuerpo de policías motorizados; éstos fuertemente protegidos con armas de alto calibre y aquellos a lo sumo con machetes... Es pertinente destacar lo absurdo de las declaraciones de los funcionarios del gobierno del estado, en su afán desmedido de encubrir, engañar y proteger(se).
“Al examinar los antecedentes ya resumidos, fácilmente se aprecian... las siguientes violaciones generalizadas... de las garantías individuales consagradas en los artículos 1º, 6º, 8º, 9º, 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: a) Violación a la garantía de tránsito... b) Violación a la garantía de libre expresión... c) Violación a la libertad personal
de los transeúntes... Finalmente, violaron sus garantías de seguridad, de defensa y de petición y de respeto a la vida. “De lo anterior se puede concluir, cuando menos, que existe negligencia, irresponsabilidad y falta de respeto a la dignidad humana por parte del gobernador del estado, de funcionarios menores y de policías incompetentes. En esta tesitura, la mayor responsabilidad para el gobernador del estado se finca en el imprudente manejo de una cuestión sumamente delicada, dentro de una serie de anteriores precedentes preocupantes, y la de poner en manos inadecuadas conflictos tan destacados... Un acontecimiento de tan graves y lamentables consecuencias no puede atenderse correctamente con dar a conocer al gobierno
federal, a los medios de comunicación y la opinión pública un videocassette manipulado a favor de los responsables, ni tampoco con dar conferencias de prensa e informes contrarios a la verdad. Tampoco fue suficiente la consignación de dos comandantes y ocho policías de los llamados motorizados.
“En el vado de Aguas Blancas se cometió una grave violación del derecho a la vida de diecisiete campesinos y se causaron heridas a veintiuno más, y aún así, no hay evidencia de que el gobierno del estado hubiera actuado como era su responsabilidad, como
mandatario de los habitantes de la entidad, más bien actuó como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aún cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos.
“Por tal motivo es evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador general de Justicia y secretario general de Gobierno, además de los restantes funcionarios consignados, todos ellos del Estado de Guerrero, porque actuaron como cultivadores del engaño, la maquinación y la ocultación (subrayado nuestro), con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas.
“Aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia en incurrir en una política falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad, por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla (subrayado nuestro).“Con el informe que produjeron los Ministros Comisionados para investigar... los hechos ocurridos el veintiocho de junio de mil
novecientos noventa y cinco en el lugar conocido como el vado de Aguas Blancas... en los que diecisiete personas perdieron la vida y veintiuna resultaron heridas... quedó justificado para este Tribunal Pleno que los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero que desempeñaron sus cargos en esta fecha y en los días subsecuentes incurrieron en violación grave,
generalizada, de las garantías individuales que instituyen los artículos sexto, catorce, dieciséis y veintidós de la Constitución Federal de conformidad con los hechos comprobados y por las razones que expresan los comisionados.
“Acorde con lo anterior con fundamento en el artículo 97... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba y hace suyo en su totalidad el informe rendido por los Ministros Comisionados... y en atención a su contenido, emite los siguientes Puntos de Acuerdo:
“SEGUNDO.- Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos del veintiocho de junio
de mil novecientos noventa y cinco, en el Vado de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca...”
“TERCERO.- Se concluye que de dicha violación resultaron responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con
licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex Procurador General
de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex Primer Subprocurador de Justicia; Rosendo Armijo de los Santos, ex Subsecretario de
Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex Fiscal Especial y Esteban Mendoza Ramos, ex Director General de gobernación,
todos ellos del Estado de Guerrero.
“CUARTO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sugiere que se tomen por parte de las autoridades competentes, las
medidas y las acciones que se deduzcan de las necesarias providencias que a continuación se examinan:
“A.- Notifíquese al Presidente de la República, por conducto del Secretario de Gobernación...
“B.- Cúrsese una copia al Procurador General de la República, para los efectos de su representación
“QUINTO.- Por su trascendencia para nuestra sociedad, póngase a disposición de las autoridades competentes que lo requieran,
el material probatorio recabado por los Comisionados”.
Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el martes 23 de abril de 1996.
A once años de esta recomendación del máximo tribunal de justicia de la nación, ninguno de los altos funcionarios guerrerenses
indiciados en este informe ha sido requerido por la justicia, y Rubén Figueroa Alcocer, señalado por la SCJN como responsable principal de la matanza de Aguas Blancas de 17 campesinos, aún es factor fundamental de la política guerrerense. Tan es así que el viernes pasado fue invitado por el gobernador Zeferino Torreblanca para estar a su lado durante una acto de gobierno.Esto no es un gesto institucional, es pisotear la historia y la ley, y una burla al pueblo de Guerrero.
