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martes, 4 de diciembre de 2007

Ayotzinapa y La Parota, “focos rojos” que pueden agravarse, advierte investigador

Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Durante su participación en la mesa de análisis movimientos sociales en Guerrero, que formó parte del foro sobre el desarrollo de los pueblos indígenas, organizada por la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sergio Sarmiento, dijo que en Guerrero hay “focos rojos y de tensión” que los gobiernos federal y estatal deben atenderlos antes de que se conviertan en conflictos sociales más graves.El investigador incluso ubicó al caso de La Parota y de los normalistas de Ayotzinapa, como “focos rojos graves y de tensión” en Guerrero, que el gobierno federal y estatal deben atender “a la mayor brevedad” antes de que exploten.En el caso de los normalistas de Ayotzinapa, el investigador dijo que “representa un asunto muy delicado que el gobierno actual no ha logrado encontrarle la fórmula, o más bien, que se ha empeñado en mantener una política de educación de confrontación con las normales rurales, que ya en otras entidades han desaparecido; hay como una tendencia de querer desaparecer las normales rurales, sobre todo la de Ayotzinapa, que tiene una tradición importante”.Sarmiento dijo que en este contexto el gobernador Zeferino Torreblanca no ha sido muy hábil para enfrentar esto, “o tiene compromisos muy fuertes como para darle respuesta a los egresados de Ayotzinapa”, indicó.Explicó que, sin embargo, el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo no debe intervenir como mediador en el conflicto de La Parota, puesto que desde el principio se ubicó a favor del proyecto hidroeléctrico.El profesionista agregó que otro “foco rojo y de tensión” en Guerrero es el de los normalistas de Ayotzinapa, del cual señaló que el gobierno estatal no le ha dado el trato adecuado para resolverlo y que podría detonar en cualquier momento si es que no es atendido a tiempo.Para el investigador otro “grave conflicto y de tensión social” es la militarización de algunas regiones del estado, en donde soldados han violado los derechos humanos de la población, así como los conflictos agrarios que incluso han causado muertes, sobre todo en La Montaña.En este contexto, explicó que hoy, en el escenario político estatal, los pueblos indígenas tienen el “gran reto” de constituirse en un interlocutor válido, sólido y legítimo ante las autoridades estatales y federales, que les permitan construir una nueva relación y una política pública orientada a conseguir su desarrollo”.Sarmiento Silva explicó que en el caso de La Parota, la declaración del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, en el sentido de que ya hay una resolución definitiva de las autoridades judiciales a favor de la construcción del proyecto, “fue un buscapiés para ver como está el movimiento contra La Parota”.Y es que dijo que desde su punto de vista la defensa legal que se está haciendo “va por buen camino, pero el movimiento social tiene el gran reto de que no se enfríe y que la gente no se desanime cuando escucha este tipo de declaraciones, y sobre todo que recuperen la dinámica que venían teniendo hasta ahora”.El investigador señaló que lamentablemente en este conflicto el gobierno que encabeza Zeferino Torreblanca Galindo ya no puede ser mediador, puesto que desde un principio se ubicó a favor de la presa, “el gran problema del gobernador es que agarró partido inmediatamente, entonces a mí me parece que para encontrar un espacio de intermediación deberían ser otros órganos, como el poder Legislativo, aunque también muchos diputados se sumen a las decisiones del gobernador”.Agregó que deben servir de mediadores, en su defecto, organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, para que las dos partes se pongan de acuerdo, “pero también deben garantizar que se respeten todos los procedimientos que implica este conflicto”.Y es que advirtió que “si la CFE comete la torpeza de querer meterse para continuar con las obras que venía realizando, o pretendiendo organizar a los que están a favor de la presa, me parece que eso va a calentar los ánimos y no dudo que haya enfrentamientos, me parece que sería una gran torpeza continuar con lo que venía haciendo sin respetar los plazos que tienen las comunidades”.

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