JUAN FRANCISCO GARCIA
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en Ixtapa ha sostenido siempre que no va a ceder ni a las presiones ni a los chantajes de grupúsculos, a los que no va a permitir que pongan a su gobierno en la pared o de rodillas; esto, en clara alusión a las exigencias de algunos seudo luchadores sociales que más bien debieran llamarse lucradores sociales, porque lucran con la necesidad e ignorancia de gran parte de la población.
A lo largo de la entidad existen esta clase de personas que han hecho de la extorsión y el chantaje su modus vivendis, exigiendo recursos para obra pública y servicios colectivos o con manifestaciones y marchas, paran proyectos de desarrollo, apareciendo siempre donde hay gente que manipular, como es el caso de los campesinos de la Costa Chica que están en contra de La Parota.
Como ha sucedido siempre, en el caso de La Parota es un grupo minoritario el que se opone a la construcción de la presa, la cual generará miles de empleos y en consecuencia una gran derrama económica para el estado. Nosotros agregamos que el proyecto es bueno, siempre y cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le pague lo justo a los campesinos, haga la obra afectando lo menos al entorno ecológico y se de preferencia a la mano de obra guerrerense.
En este sentido, reiteramos que ojalá el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo no ceda a estos chantajes, porque de hacerlo, daría pie a que otros más hagan lo mismo y con ello volver a las políticas desfasadas de la dádiva, cuando lo que se pretende es de generar fuentes de empleos a través de los proyectos productivos o de la atracción de empresarios para que inviertan en nuestra entidad –obviamente en desarrollos sustentables-, pero a ellos no les interesará venir a invertir su capital en un estado donde la gente en lugar de buscar trabajo, se le hace más fácil extender la mano.
Para algunos populistas y emisarios del pasado, mantener la postura de no darles dinero a estas personas es sinónimo de un gobierno insensible, porque ellos actuaron entregando dinero a muchas de esas personas, pero lo hacían porque convenía a sus intereses al tener así votos cautivos y desde luego, beneficiarse porque les daban una mínima cantidad y en los egresos aparecían cifras más altas, cumpliéndose así el refrán aquel de “el que comparte y reparte con la mayor parte”.
Sin embargo, la mayoría de los guerrerenses consideran que no ceder al chantaje y a la presión de vivales que exigen dinero y no trabajo, es actuar correcta y responsablemente, ya que debe de desterrarse esa política de la dádiva y canalizarse los recursos económicos a la generación de proyectos productivos, a la creación de fuentes de empleo; es decir, hacer a la población más productiva.
Porque mientras se siga cediendo a la extorsión y el chantaje de grupos o personas, de un partido político o de otro, menos recursos habrá para el desarrollo de la entidad porque es una soberana mentira que el grupo que reciben algunas personas sea para beneficio de la colectividad; no, esos recursos son para ellos mismos y desafortunadamente para el erario público, son barriles sin fondo, no tienen llevadero.
No hay que olvidar que el dinero mejor invertido siempre será aquel que satisfaga las necesidades de la mayoría no en despensas, sino en medicamentos, en centros de salud, en escuelas, en pago de maestros, policías y médicos, en la introducción de agua potable, drenaje y apertura de caminos, en fin, para lo que se conoce como obra pública y servicios colectivos, además, y muy importante, para la generación de empleos.
A lo largo de la entidad existen esta clase de personas que han hecho de la extorsión y el chantaje su modus vivendis, exigiendo recursos para obra pública y servicios colectivos o con manifestaciones y marchas, paran proyectos de desarrollo, apareciendo siempre donde hay gente que manipular, como es el caso de los campesinos de la Costa Chica que están en contra de La Parota.
Como ha sucedido siempre, en el caso de La Parota es un grupo minoritario el que se opone a la construcción de la presa, la cual generará miles de empleos y en consecuencia una gran derrama económica para el estado. Nosotros agregamos que el proyecto es bueno, siempre y cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le pague lo justo a los campesinos, haga la obra afectando lo menos al entorno ecológico y se de preferencia a la mano de obra guerrerense.
En este sentido, reiteramos que ojalá el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo no ceda a estos chantajes, porque de hacerlo, daría pie a que otros más hagan lo mismo y con ello volver a las políticas desfasadas de la dádiva, cuando lo que se pretende es de generar fuentes de empleos a través de los proyectos productivos o de la atracción de empresarios para que inviertan en nuestra entidad –obviamente en desarrollos sustentables-, pero a ellos no les interesará venir a invertir su capital en un estado donde la gente en lugar de buscar trabajo, se le hace más fácil extender la mano.
Para algunos populistas y emisarios del pasado, mantener la postura de no darles dinero a estas personas es sinónimo de un gobierno insensible, porque ellos actuaron entregando dinero a muchas de esas personas, pero lo hacían porque convenía a sus intereses al tener así votos cautivos y desde luego, beneficiarse porque les daban una mínima cantidad y en los egresos aparecían cifras más altas, cumpliéndose así el refrán aquel de “el que comparte y reparte con la mayor parte”.
Sin embargo, la mayoría de los guerrerenses consideran que no ceder al chantaje y a la presión de vivales que exigen dinero y no trabajo, es actuar correcta y responsablemente, ya que debe de desterrarse esa política de la dádiva y canalizarse los recursos económicos a la generación de proyectos productivos, a la creación de fuentes de empleo; es decir, hacer a la población más productiva.
Porque mientras se siga cediendo a la extorsión y el chantaje de grupos o personas, de un partido político o de otro, menos recursos habrá para el desarrollo de la entidad porque es una soberana mentira que el grupo que reciben algunas personas sea para beneficio de la colectividad; no, esos recursos son para ellos mismos y desafortunadamente para el erario público, son barriles sin fondo, no tienen llevadero.
No hay que olvidar que el dinero mejor invertido siempre será aquel que satisfaga las necesidades de la mayoría no en despensas, sino en medicamentos, en centros de salud, en escuelas, en pago de maestros, policías y médicos, en la introducción de agua potable, drenaje y apertura de caminos, en fin, para lo que se conoce como obra pública y servicios colectivos, además, y muy importante, para la generación de empleos.
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