En todas las campañas político-electorales, al final de cuentas todo el dinero que gastan los candidatos para su promoción o directamente para la compra de conciencia, es de todos nosotros, porque una parte del mismo proviene de las prerrogativas legales que les entrega el Instituto Federal Electoral a los partidos políticos –que es dinero de nuestros impuestos- y la otra, quien gana, la recupera con creces del presupuesto que ejerce.
En el 2005, no bien acabábamos de salir de una desgastante elección a gobernador, cuando ya estábamos inmersos en otro proceso electoral a presidente municipal, mientras que en el 2006 fueron las elecciones federales, por lo que debería de empatarse cuando menos la elección de gobernador con la de presidentes municipales y diputados locales en el 2011, para que no haya tanto dispendio de recursos que en su mayoría son públicos, aún en los procesos internos de los partidos políticos.
Con todo lo que está en juego, este proceso electoral que culmina en octubre del 2008 será históricamente el más competido y vigilado, por lo que las autoridades electorales tienen que estar muy alerta para que no se les vaya de las manos y se tenga un gobernador electo sumamente cuestionado como ha sucedido en otras entidades.
Primeramente las elecciones no eran vigiladas porque prácticamente la oposición estaba dispersa y sin fuerza, pero posteriormente inició la vigilancia por parte de dos institutos políticos: Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, el tanto el candidato del Partido Revolucionario Institucional, con toda la fuerza económica y estructura gubernamental, caminaba como “caballo de hacienda” hacia el siempre seguro aunque no legítimo triunfo electoral.
Desde el 2002, por lo que respecta a nuestro municipio al igual que en muchos que son gobernados por el PRD, con el Partido Acción Nacional en la presidencia de la república; el Partido Revolucionario Institucional, en la gubernatura y el Partido de la Revolución Democrática en la presidencia municipal, la vigilancia será por todos lados y de unos a otros, aunque también las mañas de los cuadros de todas ellas van en franco aumento, por lo que como los “gitanos, no deberían de leerse sus suertes”.
Por su parte, gran parte de la población, tocada por la corrupción que impera en las diferentes esferas gubernamentales y al interior de los partidos políticos, como siempre exigirá cada vez más dádivas, tanto en efectivo como en especie, para finalmente votar por quien quiere y no en base a las propuestas, en el mejor de los casos, porque en el peor, se suman a la gran lista de abstencionistas como ha pasado siempre.
Y en esos dispendios de recursos y pérdida de tiempo en que se han convertido las campañas político-electorales, se van millones de pesos que deberían mejor ser empleados para construir más clínicas, centros de salud, escuelas, carreteras, sistemas de agua potable y drenaje, electrificaciones, pero sobre todo en contratación de verdaderos profesionales que atiendan a la población en todos los rubros.
Porque reiteramos, el dinero que se gasta en las campañas es parte de nuestros impuestos –el financiamiento público que el Instituto Federal Electoral entrega a los partidos políticos- y la otra parte, al final de cuentas, cuando menos en el caso del triunfador, también sale del erario público, porque quien llega al poder lo recupera, y de dónde, sino del presupuesto.
Por eso, las autoridades electorales deberían de estar muy vigilantes para que no se rebasen los topes en gastos de campaña, ya que mientras más se gaste, mayor será la sangría a las arcas públicas por parte del triunfador y en consecuencia, menos dinero habrá para obra pública, servicios colectivos y el financiamiento de proyectos productivos que mejoren los ingresos de los guerrerenses, muchos de los cuales tienen que emigrar a los estados del Norte o definitivamente abandonar el país en busca de mejores horizontes en los Estados Unidos, pero sobre todo, debería de legislarse para que los procesos electorales de gobernador, presidentes municipales y diputados locales se empaten para que no a cada rato haya estos dispendios.
En el 2005, no bien acabábamos de salir de una desgastante elección a gobernador, cuando ya estábamos inmersos en otro proceso electoral a presidente municipal, mientras que en el 2006 fueron las elecciones federales, por lo que debería de empatarse cuando menos la elección de gobernador con la de presidentes municipales y diputados locales en el 2011, para que no haya tanto dispendio de recursos que en su mayoría son públicos, aún en los procesos internos de los partidos políticos.
Con todo lo que está en juego, este proceso electoral que culmina en octubre del 2008 será históricamente el más competido y vigilado, por lo que las autoridades electorales tienen que estar muy alerta para que no se les vaya de las manos y se tenga un gobernador electo sumamente cuestionado como ha sucedido en otras entidades.
Primeramente las elecciones no eran vigiladas porque prácticamente la oposición estaba dispersa y sin fuerza, pero posteriormente inició la vigilancia por parte de dos institutos políticos: Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, el tanto el candidato del Partido Revolucionario Institucional, con toda la fuerza económica y estructura gubernamental, caminaba como “caballo de hacienda” hacia el siempre seguro aunque no legítimo triunfo electoral.
Desde el 2002, por lo que respecta a nuestro municipio al igual que en muchos que son gobernados por el PRD, con el Partido Acción Nacional en la presidencia de la república; el Partido Revolucionario Institucional, en la gubernatura y el Partido de la Revolución Democrática en la presidencia municipal, la vigilancia será por todos lados y de unos a otros, aunque también las mañas de los cuadros de todas ellas van en franco aumento, por lo que como los “gitanos, no deberían de leerse sus suertes”.
Por su parte, gran parte de la población, tocada por la corrupción que impera en las diferentes esferas gubernamentales y al interior de los partidos políticos, como siempre exigirá cada vez más dádivas, tanto en efectivo como en especie, para finalmente votar por quien quiere y no en base a las propuestas, en el mejor de los casos, porque en el peor, se suman a la gran lista de abstencionistas como ha pasado siempre.
Y en esos dispendios de recursos y pérdida de tiempo en que se han convertido las campañas político-electorales, se van millones de pesos que deberían mejor ser empleados para construir más clínicas, centros de salud, escuelas, carreteras, sistemas de agua potable y drenaje, electrificaciones, pero sobre todo en contratación de verdaderos profesionales que atiendan a la población en todos los rubros.
Porque reiteramos, el dinero que se gasta en las campañas es parte de nuestros impuestos –el financiamiento público que el Instituto Federal Electoral entrega a los partidos políticos- y la otra parte, al final de cuentas, cuando menos en el caso del triunfador, también sale del erario público, porque quien llega al poder lo recupera, y de dónde, sino del presupuesto.
Por eso, las autoridades electorales deberían de estar muy vigilantes para que no se rebasen los topes en gastos de campaña, ya que mientras más se gaste, mayor será la sangría a las arcas públicas por parte del triunfador y en consecuencia, menos dinero habrá para obra pública, servicios colectivos y el financiamiento de proyectos productivos que mejoren los ingresos de los guerrerenses, muchos de los cuales tienen que emigrar a los estados del Norte o definitivamente abandonar el país en busca de mejores horizontes en los Estados Unidos, pero sobre todo, debería de legislarse para que los procesos electorales de gobernador, presidentes municipales y diputados locales se empaten para que no a cada rato haya estos dispendios.
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